Por Ernesto Garibay Mora
Se encuentra en el Congreso de Estados Unidos la propuesta de ley Border Security, Economic Opportunity and Immigration Modernization Act, una proposición significativa por dos aspectos fundamentales, en primera lugar por ser presentada de manera bipartidista, lo que significa que el debate en el Congreso será mesurado y con una alta probabilidad de ser aprobada.
En segundo término, significa un duro golpe a los estados donde se han aprobado leyes antiinmigrantes, puesto que una reforma de tal magnitud y trascendencia tendría el carácter de observancia nacional.
Sin embargo, se tiene que puntualizar que puede ser un proceso largo y complicado para la seguridad de millones de indocumentados, toda vez que la propuesta va encaminada a tres bloques específicos: Seguridad Fronteriza, Desarrollo Económico y Modernización Migratoria.
En el primer bloque se incluye específicamente a México, ya que deberá tener e instaurar programas de mayor seguridad en su frontera Sur, paralelamente Estados Unidos continuará con la construcción del muro, también contempla la contratación de 3,500 agentes para la Patrulla Fronteriza, además la incorporación de la Guardia Nacional en las labores de guardia, asimismo se incrementará la vigilancia aérea y terrestre.
De ser aprobada de la reforma migratoria, los migrantes que realicen el trámite entrarán a un programa denominado Registro Provisional de Estatus Migratorio (RPI), que no es otra cosa más que una lista donde se verificarán todos y cada uno de los datos del solicitante y por supuesto con el riego inminente de ser rechazados pero ya identificados.
Cabe señalar que solamente después de 10 años en RPI los solicitantes podrán solicitar la residencia legal, siempre y cuando hayan cumplido con ciertos requisitos y el pago de mil dólares como multa, en ese sentido hay dos excepciones, los llamados dreamers y los trabajadores agrícolas, en el primer caso éstos podrán solicitar su residencia inmediatamente, mientras que los campesinos los cinco años.
Ahora bien, es indudable que esta reforma migratoria plantea diversos problemas de forma, por ejemplo, un simple y minúsculo problema con la justicia colocaría al solicitante en proceso de deportación y de pérdida de su estado migratorio, fundamentalmente porque el discurso antiinmigrante ha sido una constante, además de la leyes que en ese sentido se han aprobado.
Por su parte, el gobierno mexicano ha visto con buena fe la propuesta y considera que fortalecerá los lazos entre ambas naciones, sobre todo porque las remesas que envían los mexicanos (documentados o no) es un punto estratégico en la economía nacional. Sin embargo, los legisladores mexicanos han hecho hincapié que dentro del contexto de la reforma, no debe prevalecer el principio violatorio de los derechos humanos.
Si quiere tener más información de Ernesto Garibay Mora, le puede enviar un correo electrónico a: egaribaym@yahoo.com.mx.