Guatemala, 24 jul (EFE).- El actor y productor guatemalteco Samuel Everardo Morales Cabrera, hermano mayor del presidente Jimmy Morales, imploró este miércoles por su “absolución total” ante un tribunal de sentencia que convocó para el próximo 19 de agosto a la audiencia en la que emitirá sentencia en el caso conocido “Botín Registro de la Propiedad”, en el que también está implicado el hijo del mandatario, José Manuel Morales Marroquín.
Notablemente afectado, Morales Cabrera exigió entre sollozos al Tribunal Décimo Tercero Penal su liberación de cargos y reiteró que no ha cometido “ningún delito”, contrario a la tesis planteada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quienes pidieron 11 años de cárcel en su contra por la supuesta comisión de los delitos de fraude y lavado de dinero u otros activos.
El hermano del presidente aseguró en su alegato final que no debía haber sido perseguido penalmente en conjunto con su sobrino (José Manuel), pero lamentó que el objetivo del Ministerio Público haya sido “destruir mi nombre y el de mi familia”.
Por su parte, José Manuel Morales dijo a los jueces que aunque ha crecido como persona durante estos casi dos años vinculado al proceso -está acusado de fraude al Registro de la Propiedad-, la causa en su contra ha sido “injusta” y le endosó al tribunal su futuro: “Está en sus manos”.
“Desde lo más profundo de mi corazón lo único que les pido es que se haga justicia, una justicia verdadera que me absuelva. Le pido a Dios los bendiga a ustedes, a la parte acusadora, a Guatemala y a mi y a mi familia”, concluyó el hijo del mandatario antes de asegurar que a sus 25 años de edad ya es padre “de una niña de 10 meses”.
Su tío Samuel Everardo, conocido como Sammy Morales y principal socio de Jimmy Morales en su faceta de actor y director en su productora “Moralejas”, lamentó que el caso haya dado “la vuelta al mundo” y “no por que nosotros hayamos hecho algo malo, sino por algo que le ha hecho mucho daño a mi familia y, tristemente, también le ha hecho mucho daño a Guatemala”.
Relató que hace tres años, “cuando comenzó todo esto, mi sobrino se vino de EE.UU.” y él dijo que iban a “resolver esto rápido”.
“No te preocupes, le dije, aquí están las facturas, aquí los cheques y vamos al Ministerio Público”, a cuyos fiscales -agregó con la voz quebrada- “los voy a ver a los ojos, algo que ellos no pueden hacer cuando piden la cárcel para un hombre inocente y eso es cobardía”.
Sammy Morales aseguró que había pedido a la Fiscalía negociar “de acuerdo al poder que la ley me da” y también para que “no hiciéramos que el Estado no gastara un centavo más” en el proceso en su contra, “pero no quisieron” y señaló a la CICIG de haber llegado al país a “desnaturalizar mis instituciones”.
Dijo que aunque no está obligado a defender su inocencia, pues la Constitución señala que una persona es “inocente hasta que estos señores (fiscales) puedan comprobar lo contrario”, se defenderá y peleará “para que ningún guatemalteco pase jamás por estas violaciones a los derechos humanos, esa tortura física, psicológica y económica” de la que supuestamente fue sujeto.
Parte de la tortura, lamentó, fue que la CICIG y el Ministerio Público decidieran describir con “nombres mercadológicos a los casos penales”, algo que es “una violación a la presunción de inocencia”, explicó y criticó a sus “colegas periodistas y comunicadores” por poner “en los titulares (los nombres de los casos) porque eso vende y eso no se hace”.
Además, señaló a los medios de hacer una “violación constitucional” por lesionar la presunción de inocencia de las personas y los acusó de “aplaudir y avalar a ese señor extranjero (el jefe de la CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez), quien dijo que sus once hojitas (del convenio de la Comisión) eran superiores a la Constitución”.
El hijo del mandatario (José Manuel Morales) evitó entrar en detalles del caso y se limitó a afirmar que ha respetado las restricciones impuestas en su contra y agradeció por los permisos “laborales” otorgados por los jueces para poder viajar a jugar los partidos de fútbol de los distintos equipos profesionales de fútbol a los que estuvo vinculado, aunque detalló que en los dos años y medio ha perdido “muchas experiencias y aprendizaje que no sé si podré recuperar”.
Por su parte, la exdirectora del Registro General de la Propiedad Anabella de León, también imputada, reiteró que no cometió “ningún hecho ilícito, ninguna acción anti jurídica ni alguna situación de la cual avergonzarme, porque me he regido toda mi vida de valores y principios éticos y morales, sobre todo no hablo de (valores) religiosos sino que son cristianos”.
Un total de 25 personas están involucradas en el proceso que concluirá el próximo 19 de agosto, señalados de haber participado en una red ilícita que usó como un botín al Registro de la Propiedad, mediante la autorización de plazas fantasmas y pagos anómalos por servicios y elaboración de banquetes durante actividades oficiales, además de compra de canastas navideñas que no fueron realizadas por el Registro.