México, 30 ago (EFE).- Que el país reconozca la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU y que se apruebe la ley general en la materia fueron las demandas que organismos internacionales y colectivos hicieron hoy al Estado mexicano para que salde su deuda de verdad y justicia con miles de personas.
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, asociaciones de familiares organizaron un evento en la Cámara de Diputados, en la capital mexicana, en que se evidenció la necesidad de dar respuestas a una problemática que suma el abrumador número de 32.146 víctimas, según cifras oficiales.
Atendiendo esta situación, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) presentó la campaña “Defendamos hoy los derechos de las personas desaparecidas”.
México ratificó la Convención Internacional de la ONU para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, pero hay un artículo aún no reconocido, el 31, que permite que el Comité conozca los casos individuales, explicó a Efe Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.
Que México reconozca esa competencia es el objetivo de la campaña, con la que cada día y hasta el 26 de septiembre -fecha en que desaparecieron en 2014 los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa en el sureño estado de Guerrero- el organismo subirá a las redes sociales un vídeo con un testimonio nuevo que dará “otra perspectiva” al problema.
En los vídeos, señaló Jarab, aparecerán expertos nacionales e internacionales, así como familiares de víctimas, quienes remarcarán la necesidad de “abrir un nuevo camino”.
Durante el evento, los colectivos de familiares, agrupados bajo la plataforma Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se sumaron a la campaña.
“Ante la impunidad existente en México, las familias también queremos tener la opción de recurrir a los mecanismos internacionales especializados de la ONU para hacer valer nuestros derechos”, dijo una representante del Movimiento.
Los familiares recordaron que el número de desaparecidos en el país es mucho mayor que lo que reflejan las cifras oficiales, dado que no todos los casos se denuncian.
La petición que estuvo en el epicentro de sus reclamos fue que la Cámara de Diputados apruebe cuanto antes la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, que ya pasó por el Senado en abril pasado, aunque se empezó a trabajar mucho antes, en 2015.
“Sigue siendo preocupante ver que un tema tan prioritario para México se demore tanto”, aseveró al respecto Juan Pedro Schaerer, jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México, América Central y Cuba.
Confiado en que la Cámara tome una “buena decisión” en un corto plazo, Schaerer refirió a Efe que la aprobación es “una paso necesario, importante, para que México ponga en marcha planes y recursos para realmente abordar la cuestión de los desaparecidos”.
Reconoció que la ley “no va a hacer que todos los casos se resuelvan”, pero es un comienzo “para establecer responsabilidades claras de quienes tienen que hacer el trabajo de búsqueda, identificación y exhumaciones cuando se encuentren restos mortales”.
“Tratar de organizar el trabajo de una manera mucho más responsable y mucho más eficiente, de manera que progresivamente se pueda dar respuesta a las familias”, sintetizó.
La relatora para México Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, hizo una “llamada de atención”, tanto a México como a toda la región, sobre “la deuda pendiente que en esta materia tienen muchos de nuestros países”.
“Es un hecho delictivo, un fenómeno cruel, perverso, pero es una realidad” que genera desafíos que tocan materias relacionadas con lo penal y con las estructuras estatales, añadió.
Arosemena consideró que la ley “representa un brazo de acción” para las familias de desaparecidos, mientras que el Comité de la ONU es una forma de “dar voz” a estas personas.
Al finalizar el evento, en que también participaron representantes de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional, madres de víctimas criticaron que solo tres diputados asistieron, aunque hubo más que habían confirmado su presencia.
“Deberían estar aquí escuchando”, dijo una de ellas.