Los Ángeles, 29 sep (EFEUSA).- Las nuevas leyes firmadas por el gobernador californiano, el demócrata Jerry Brown, “son un importante avance” y garantizan el respeto a los derechos de los inmigrantes, destacaron hoy activistas defensores de los indocumentados.
El gobernador firmó varias leyes de entre la cuales está la AB2792, denominada Ley de la Verdad, o la AB2298 que regula el uso de la base de datos de pandilleros de California, dos medidas que fueron calificadas como recursos importantes para proteger los derechos civiles del de las personas.
La Ley de la Verdad garantiza el debido proceso a los inmigrantes indocumentados, que deberán ser informados sobre su derecho a asesoría legal antes de ser entrevistados por autoridades federales.
Igualmente ordena que los departamentos de policía entreguen a los abogados o defensores de los inmigrantes la misma información que comparten con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según destacó hoy en entrevista con Efe el director de Políticas de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), Joseph Villela, estas nuevas leyes aseguran “cobertura, transparencia y rendición de cuentas”.
“Es un paquete que se puede considerar que va a respetar los derechos civiles de la comunidad sin importar su estatus migratorio”, aseguró.
A su vez, Cynthia Buiza, directora del Centro de Políticas de Inmigración de California, una de las organizaciones que apoyó la medida resaltó la importancia de la iniciativa.
“El movimiento de los derechos de los inmigrantes continuará haciendo retroceder las fuerzas de encarcelamiento masivo, deportación masiva y que elimine la criminalización masiva que destruyen nuestras comunidades y nuestros valores”, aseguró Buiza en comunicado obtenido hoy por Efe.
Villela explicó que la legislación tuvo que ser enmendada para que el gobernador la aprobara.
Por su parte, la AB2298 requiere que cuando un adulto sea registrado en la base de datos como sospechoso de pertenecer o colaborar con una pandilla, sea informado oficialmente.
“Este programa es tan inefectivo que en agosto el estado hizo una auditoría y encontró que está lleno de errores, que 45 niños en esta base de datos y cerca de 15 de ellos habían admitido ser pandilleros”, crítico Villela.
El activista señaló que además de informarle a una persona que ha sido registrada como pandillero, la norma crea un proceso para que el interesado pueda probar que no forma parte o no colabora con pandillas.
La medida tiene especial interés para los inmigrantes pues la condición de pandillero es una de las prioridades establecidas para ser deportado según el Programa de Cumplimiento de Prioridad (PEP) de la administración del Presidente Obama.