San Diego (CA), 19 sep (EFEUSA).- Un grupo de líderes comunitarios y políticos en California presentó hoy una campaña nacional que pide un camino a la ciudadanía para los veteranos de las fuerzas armadas luego de que un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) evidenciara que un gran número de estos excombatientes dados de baja con honores han sido expulsados del país.
La iniciativa “Discharged, then Deported” es un esfuerzo conjunto que busca crear consciencia ante esta situación y a su vez, empujar soluciones a nivel legislativo.
La campaña es apoyada por el exasambleísta y veterano de la Marina, Nathan Fletcher; el congresista por California, Juan Vargas; la asambleísta de California, Lorena González; el exvocero de la Asamblea, John Pérez, y el fundador de la casa de apoyo a veteranos deportados en México, Héctor Barajas; así como ACLU.
“Nosotros estamos pidiendo que se cambien las leyes y que se haga una orden ejecutiva y ojalá se pueda hacer”, dijo a Efe vía telefónica Héctor Barajas, quien lidera el movimiento de veteranos deportados en México.
El excombatiente calificó la campaña de “positiva” e insistió que el deseo de sus compañeros en su misma situación es regresar con sus familias al país que juraron proteger aunque buscan que por lo menos, puedan recibir sus beneficios a los cuales no tienen acceso una vez que salen del país.
El congresista demócrata de San Diego, Juan Vargas, anunció durante una rueda de prensa que esta semana presentará un proyecto de ley para prevenir que integrantes de la milicia sean deportados y a su vez, ayudar a quienes ya han sido expulsados del país para que tengan acceso a cuidado médico y otros servicios.
Bajo esta medida, se tomarían pasos para que los soldados reciban toda la información sobre naturalización mientras realizan su servicio y les daría la oportunidad a los veteranos para regresar al país por lo menos de manera temporal para acudir a las oficinas de administración de veteranos y demandar los servicios a los cuales tienen derecho.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) emitió a principios de julio un informe en el que denuncia que el Gobierno federal ha deportado un “número incalculable” de veteranos que en su mayoría eran elegibles para la ciudadanía.
El reporte subraya el caso de 84 veteranos que tras cometer alguna ofensa -en muchos de los casos delitos menores- se encuentran en el proceso o ya han sido deportados del país.
Pese a ello, activistas creen que el número podría ser todavía más alto ya que el Gobierno federal no lleva un registro de los soldados que han sido expulsados del país por esta situación.