La Paz, 18 nov (EFE).- Las familias de los fallecidos y heridos en la jornada más trágica del conflicto que sufre Bolivia esperan justicia y niegan que fueran obligados a participar en una marcha de cocaleros, que derivó en graves disturbios frente a policías y militares.
“Nosotros pedimos justicia”, dijo este lunes a Efe una familiar de William Gutiérrez, internado en un hospital de la ciudad boliviana de Cochabamba tras recibir un balazo en el pecho.
LA VERSIÓN DE LOS COCALEROS
La bala le entró por el pecho y salió por la espalda, dejando “un agujero” en el pulmón, relató la joven, que no se identificó, al explicar lo que ocurrió el pasado viernes a las afueras de esta ciudad del centro de Bolivia.
Una marcha de cocaleros en apoyo de Evo Morales intentaba llegar a la ciudad cuando se encontró con un fuerte cordón de policías y militares, que emplearon gases lacrimógenos para dispersarlos y se produjeron disparos.
Los disparos procedían de fuerzas del orden, según los manifestantes mientras que la versión oficial apunta a que algunos pudieron surgir de los propios cocaleros.
“Estaba con su sindicato”, comentó la joven sobre la presencia de William Gutiérrez, de 25 años, entre las federaciones de productores de hoja de coca procedentes del trópico de Cochabamba que intentaban llegar a la ciudad en su apoyo a Morales.
CRÍTICAS AL NUEVO GOBIERNO
Las denuncias de que los seguidores de Evo Morales están pagados para asistir en estas marchas de apoyo son recurrentes estos días en Bolivia, donde el Gobierno provisional de Áñez acusa a grupos subversivos de alimentar la violencia.
Los graves enfrentamientos del viernes en la carretera de Cochabamba a la vecina ciudad de Sacaba dejaron al menos nueve muertos, más de cien heridos, algunos aún hospitalizados de gravedad, y cerca de doscientos detenidos, según datos oficiales, en la jornada más trágica desde las elecciones del 20 de octubre.
Gutiérrez sigue en el Hospital Viedma de Cochabamba esperando una plaqueta para “para poner en lugar la clavícula”, explicó la joven, de una familia de “escasos recursos”.
UN POLÉMICO DECRETO
El decreto es muy criticado por organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras que en el país la Defensoría del Pueblo reclama a las fuerzas del orden que respeten la vida y el derecho a la protesta.
Los muertos desde las pasadas elecciones del 20 de octubre en Bolivia son al menos 23 y los heridos 715, según la Defensoría.
Al día siguiente de los comicios comenzaron los incidentes entre denuncias de fraude en los resultados que dieron vencedor a Morales para un cuarto mandato consecutivo.