Los Ángeles, 1 jul (EFE).– Los conductores de California deben agregar 5,6 centavos por galón al ya elevado costo de la gasolina en el Estado Dorado debido a una nueva ley que entró en vigor este lunes y forma parte de un paquete de medidas que incluye un chequeo de antecedentes para personas que quieran comprar municiones.
El aumento en la gasolina forma parte de la ley SB1, aprobada por los legisladores en 2017 que agregó 12 centavos al precio del galón desde noviembre de ese año.
A finales de junio, los conductores de California estaban pagando un promedio de 3,75 dólares por galón, muy por encima del promedio nacional de 2,71 calculado por la Asociación Estadounidense de Automovilistas (AAA).
Entre las nuevas medidas aparecen además que la policía tendrá 45 días de plazo para publicar los vídeos de cámaras corporales en situaciones que causen la muerte o graves heridas para otra persona.
Al comenzar a regir la SB1448, los médicos y otros profesionales de la salud deberán informar a sus pacientes si se encuentran en libertad condicional por serios problemas de conducta, abuso sexual o de drogas o algún otro delito grave.
Igualmente si “alguien” en las redes sociales trata de recomendar la compra de un producto o inclinar a otro a votar por un candidato y en realidad se trata de un programa de computador (“bot”), la ley SB1001 exige que se informe al respecto.
Por la medida SB1152, que busca frenar el abuso contra pacientes indigentes, los hospitales deberán tener una política escrita de planeación para dar de alta a pacientes que no tengan una vivienda permanente e igualmente deberán llevar un registro de este tipo de pacientes sacados del hospital y el sitio donde han sido dejados.
Con el fin de que los veteranos de bajos ingresos o indigentes puedan comprobar más fácilmente su condición para recibir servicios y beneficios sus licencias de conducir podrán tener impresa la palabra “Veterano” sin costo adicional.
También será ilegal en el estado vender “grandes cantidades” de gas butano sin olor, en una medida que busca controlar la utilización de este producto combustible para la producción de aceite de hachís a partir de la marihuana.
De esta medida se exceptúan los encendedores que usan este gas y sus respectivos dispositivos de relleno.