San Juan, 7 may (EFE).- Varios legisladores del gobernante Partido Nuevo Progresista presentaron el Proyecto de la Cámara 2084, que obligaría a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico que ofrecen servicios a la ciudadanía a que provean todos sus documentos en inglés y español, tal y como se constituyó en la Ley 1 de 1993.
Y es que de acuerdo con los representantes José Meléndez, José Pérez, José Aponte y María M. Charbonier, “muchas” agencias del Gobierno local no cumplen con lo establecido en la Ley 1 de 1993, que establece que “el español y el inglés son los idiomas oficiales del Gobierno de Puerto Rico”.
“Es increíble que siendo un Gobierno donde realizamos miles de gestiones gubernamentales, en conjunto con un sinnúmero de agencias federales del Gobierno de los Estados Unidos, no estemos cumpliendo con una regla tan básica como proveer los documentos oficiales en inglés”, enfatizó Meléndez.
Específicamente, la Ley 1 de 1993 dispone que, tanto el español como el inglés, se podrán utilizar, indistintamente, en todos los departamentos, municipios u otras subdivisiones políticas, agencias, corporaciones públicas, oficinas y dependencias gubernamentales de las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial de Puerto Rico.
A su vez, esta Ley permite que el ciudadano solicite del Gobierno la expedición de documentos en uno o ambos idiomas, según sea su necesidad.
Igualmente, manifiesta que se podrán hacer traducciones e interpretaciones orales de un idioma al otro, de modo que las partes interesadas puedan comprender cualquier procedimiento o comunicación en dichos idiomas.
Para el legislador Meléndez, a pesar de lo establecido en la Ley 1 de 1993, todavía existen dependencias gubernamentales que no cuentan con documentos debidamente traducidos al inglés, ni con traductores competentes para asistir a los ciudadanos del referido lenguaje al solicitarles sus distintos servicios.
Meléndez, no obstante, explicó que el proyecto no propone “postergar o abdicar” el castellano, sino que tenga como misión brindarle las herramientas a estadounidenses residentes en la isla y así “puedan también aportar y realizar sus gestiones gubernamentales sin nosotros ponerles más piedras en el camino”.