San Diego (CA), 9 jul (EFEUSA).- Los juicios colectivos para inmigrantes como parte de la “Operación Streamline” impuesta por el Departamento de Justicia se iniciaron hoy en California, en una corte federal de San Diego, ante la objeción de defensores públicos.
Once abogados recibieron a temprana hora en el estacionamiento aledaño a la corte a un grupo de 41 inmigrantes, 35 de ellos de nacionalidad mexicana, y en poco tiempo debieron explicar a sus defendidos las opciones, según constató Efe.
La jueza Jill Burkhardt recibió al primer grupo de indocumentados, a quienes les hizo saber que enfrentaban un delito menor por el que enfrentarían una sentencia máxima de seis meses en prisión y una multa de 1.000 dólares, pero si se declaraban culpables el Gobierno les concedía una condena de tiempo servido.
Todos ellos portaban la misma ropa con la que fueron detenidos y algunos estuvieron apoyados con un traductor electrónico.
En cuestión de veinte minutos, los miembros del primer grupo se declararon culpables de cruzar la frontera de forma irregular.
Dos de las abogadas defensoras objetaron ante la jueza el procedimiento, que conllevó a que sus respectivos clientes se declararan culpables, y consideraron que el sistema los orilló a ello.
“Es un día muy triste para mí como penalista, como una persona que se dedica a proteger a nuestra Constitución y es una mancha muy fea en nuestra historia”, dijo a Efe la abogada Janice Deaton, quien representó a tres inmigrantes.
Kathryn Thickstun hizo lo propio en la audiencia como una forma de “hacer una declaración”, ante un proceso que consideran coercitivo y que viola el debido proceso.
Uno de sus casos correspondió a una mujer originaria de la ciudad mexicana de Oaxaca y que sólo hablaba lengua mixteca, detenida ayer por Patrulla Fronteriza, dos días después de cruzar la frontera de forma irregular.
La abogada dijo que la mujer sería deportada en cuestión de horas a la ciudad vecina de Tijuana, en donde tendrá un panorama adverso dado que no domina el español.
“Esto no es justicia, esto no es tiempo suficiente para que nosotros hablemos con nuestros clientes”, denunció Thickstun, quien considera debe haber un lapso suficiente para establecer un vínculo de confianza con sus clientes.
Señaló que sus defendidos se declararon culpables porque “lo único que quieren ahora es que esto termine”.
Este tipo de juicios se han realizado desde 2005 en otros estados como Texas y Arizona, pero a raíz de la política de “tolerancia cero” se implementan ahora en California.
En San Diego, la fiscalía federal sumó a otro magistrado para hacerse cargo de este tipo de casos de forma que “proteja los derechos constitucionales de los defendidos”.
Kasha Castillo, supervisora de defensores federales, insistió en que hubo oposición a que el sistema llegara a San Diego.
“Estamos todos muy molestos y tristes”, dijo a Efe.
“Dado que están obligados a tomar decisiones en muy poco tiempo, esto crea un ambiente coercitivo para ellos”, agregó, tras hacer notar que algunos de los acusados “no han comido ni dormido bien” desde su detención.
Los abogados temen que la situación empeore a raíz de que se acumulen más incidentes, por lo cual dejaron claro que “no aceptarán más casos de los que puedan atender”.