Por Ernesto I. Garibay Mora
La corrupción e impunidad en México es una constante, no hay duda de ello. El inglés Lord Acton, basándose en un pensamiento de Platón, dijo en 1887: Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, (El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.) ¿Verdaderamente el poder corrompe o son los corruptos quienes llegan al poder? En México es difícil dilucidarlo, puesto que antes de llegar a la cúspide del mando, los políticos ya caminaron un largo trecho en puesto públicos que les facilitan la corrupción e impunidad.
Hoy, con la persecución que se hace del aún gobernador de Veracruz con licencia, Javier Duarte, priista, y de Guillermo Padrés, panista y exgobernador de Sonora, nos hace eco infinidad de personajes públicos que se han cobijado en la impunidad y en el abuso de poder.
Uno de los políticos más cuestionados de la historia moderna mexicana, formador de importante cuadros priistas, fue Carlos Hank González, quien dijo: Un político pobre, es un pobre político, y decenas se lo creyeron…por ejemplo Andrés Manuel López Obrador, de origen priista en sus primeros años en la política, luego fundador del PRD y actualmente líder de MORENA. Se conoce que hasta el 2004, año en que dejó el cargo como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, contaba, según su propia declaración patrimonial de aquella anualidad, con un departamento, tres casas y un predio rústico en Tabasco; en su actual declaración del 2016, conocida como 3de3, señaló que no tiene bienes inmuebles, ni automóvil ni cuentas bancarias; recientemente dijo que todas sus propiedades y bienes los había cedido a sus hijos y que recibía un salario anual de 600 mil pesos por parte de su partido.
No obstante se conoce que tiene propiedades en Tabasco, como un rancho en Macuspana y un departamento en Villahermosa; Andrés Granier Melo, exgobernador de Tabasco, priista, fue detenido por malversación de fondos y lavado de dinero; Carlos Mateo Aguirre, hermano del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, acusado de desfalco de fondos públicos por más de 280 millones de pesos; Carlos Romero Deschamps, priista de cepa y líder del Sindicato Petrolero de la República Mexicana, intocable y a quien se le ha cuestionado por enriquecimiento ilícito; César Duarte, exgobernador de Chihuahua, priista, y quien tiene demandas por enriquecimiento ilícito; la tristemente célebre Elba Esther Gordillo, entonces líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE) el más poderoso de América Latina, está en la cárcel por el desvío de 200 millones de dólares, entre otros delitos; Fidel Herrera, priista y exgobernador de Veracruz, a quien se le ligó con el crimen organizado, concretamente con los Zetas; Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, panista, es acusado de malversación de fondos públicos, por más de 30 mil millones de pesos, se desconoce su paradero y es buscado por la Interpol en más de 190 países; Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, priista, citado por la Revista Forbes en el 2013, como uno de los políticos más corruptos de México; renunció al cargo y fue suplido interinamente por Jorge Torres López, quien fue acusado de lavado de dinero, también de afiliación priista; Javier Duarte Ochoa, priista y todavía gobernador con licencia de Veracruz, se le acusa de malversación de fondos por 14 mil millones de pesos, actualmente se desconoce su paradero y es buscado por las autoridades por diversos delitos, entre ellos, varios homicidios; José Murat Casab Hinojosa, cuyas propiedades en Estados Unidos ascienden a más de 50 millones de dólares, también priista; Narciso Agúndez Montaño, perredista y exgobernador de Baja California Sur, después de dejar su cargo compró una isla en Cabo San Lázaro, valuada en más de 106 millones de pesos; Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y actualmente tiene orden de aprehensión, de extracción priista.
Entre otros políticos de cuestionable honorabilidad, y que han sido citados en diversos medios de comunicación, destacan Carlos Hank Rhon, expresidente municipal de Tijuana, propietario de la cadena de casinos y apuestas Caliente, señalado en distintas actividades ilícitas, entre otras en el tráfico de animales exóticos; El Niño Verde, José Emilio González, exdirigente del Partido Verde Ecologista de México; en un contexto reciente, se cuestionó la adquisición de una propiedad millonaria a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Crédito Público en la presente administración, así como a la esposa de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, por el mismo motivo; cómo olvidar a los perredistas René Bejarano, Carlos Imáz, y Rosario Robles Berlanga, actual Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del gobierno federal; a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo actualmente preso por lavado de dinero y nexos con la delincuencia organizada, y a Pablo Salazar, exgobernador de Chiapas, quien estuvo preso por defraudación y operación con recursos de procedencia ilícita…y a tantos otros que sería interminable la lista, entre ellos, claro está, los expresidentes de México.
En ese sentido, ¿qué hacer? ¿Basta tener un organismo oficial contra la corrupción? Considero que, entre otros mecanismos, sería trascendente que los tribunales judiciales fueron integrados por miembros elegidos por la ciudadanía en voto directo, retirar el fuero constitucional que protege a los políticos, y auditar anualmente las finanzas de cada estado, municipio, legislaciones, partidos políticos, sindicatos y por supuesto todas las instituciones del Estado, no hacerlo, sería tanto como permitir la continuidad de la impunidad y corrupción.