Por Ernesto Garibay Mora
Seguimos de luto e indignados por el caso Ayotzinapa que desde sus inicios trascendió al contexto internacional.
En el estado mexicano de Guerrero se han encontrado otras tantas fosas clandestinas, hallándose cadáveres de personas hasta hoy desconocidas, muchas, quizá, de la llamada Guerra Sucia, entre los años 70’ y 80’pero los 43 normalistas no aparecen.
Con rapidez inaudita, el gobierno mexicano, tal vez presionado por las declaraciones de regímenes extranjeros, realizó la aprehensión del supuesto líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, apodado El Chino, pero también es muy probable que se haya ejecutado gracias a las declaraciones que hizo esta organización, al exigir la liberación de los policías que detuvieron y desaparecieron a los 43 jóvenes normalistas, de lo contrario harían pública una lista de políticos y funcionarios que participaban directa o indirectamente con ellos… ¿casualidad la detención de El Chino? Yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades.
No es nuevo el tema de políticos y funcionarios relacionados con los grupos criminales en México, recordemos, sólo como ejemplo, al Gral. Rebollo que protegió y contribuyó con ello al desarrollo de la organización delictiva de El Señor de los Cielos; otro caso, la fuga de El Chapo Guzmán en aquella balacera de Guadalajara donde murió acribillado el cardenal Posadas Ocampo, una historia que aún está pendiente de aclarar, dado que se comentó, en los pasillos de los medios de comunicación, que el prelado llevaba consigo un portafolio con información privilegiada que ligaba a políticos y funcionarios con el narcotráfico, maletín que se lo apropió El Chapo hasta que fue detenido en la frontera con Guatemala, pero nunca aparecieron ni traía los documentos. Se dijo posteriormente que durante el gobierno de Fox, esa información le sirvió de llave para abrir Puente Grande.
Por otro lado, la Procuraduría General de la República (PGR), ya emitió la ficha para la Interpol, con el fin de localizar en el extranjero al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, principal sospechoso de la desaparición de los estudiantes, aun cuando todavía el viernes 17 de este mes, tanto las autoridades judiciales del estado de Guerrero, la misma PGR y diez juzgados federales, no tenían solicitud alguna para la búsqueda o detención de Abarca Velázquez; paralelamente, con la detención de Casarrubias Salgado, se confirmó que efectivamente Guerreros Unidos entregaba dinero al director de la policía municipal de Iguala para el pago de la nómina de los policías; en ese ámbito, suman ya 49 guardianes detenidos, pero ninguna autoridad de alto nivel estatal o municipal.
En ese sentido, es inadmisible que el gobierno federal no actúe de manera judicialmente expedita, no sólo en la localización de los jóvenes normalistas, sino en la aprehensión de los funcionarios que participaron directa o indirectamente en la barbarie de Iguala y que hoy, más que nunca en este sexenio, se debe llegar hasta las últimas consecuencias, incluso políticas, con el desafuero inmediato de los coludidos, incluyendo, por supuesto, el del gobernador del estado de Guerrero; no hacerlo, se estaría en la realidad indubitable de un gobierno, en todos los niveles, cooptado y coludido con el crimen organizado.